Si seguiste la defensa de El Saltito, probablemente ya sabes que los expedientes desistidos no desaparecen, regresan por otra ventanilla.
Foto de apertura: Sandra Muñoz.
Lo que quizás no sabes es que mientras eso ocurre al noreste de la ciudad de La Paz, en la salida norte, en El Centenario, dos proyectos distintos ingresaron a consulta pública ante la OR de SEMARNAT en BCS para cambiar el uso de suelo de ese ejido.
Se tramitan en modalidad particular, son distintos promoventes, fraccionados, pues si no hacen ruido, y el plazo para presentar observaciones corre ahora mismo.
Muchos de quienes marcharon por El Saltito sienten que Chametla, El Centenario, El Comitán e incluso el camino hacia San Juan de la Costa, son otra historia. Que esa ya se perdió, que el crecimiento hacia el norte es inevitable y que no tiene mucho caso pelear.
Entendemos por qué, el crecimiento de La Paz en esa dirección lleva décadas en marcha. Pero «inevitable» y «sin condiciones» no son lo mismo. Y para entender la diferencia, conviene saber cómo llegamos hasta aquí.
Durante casi todo el siglo XX, las ciudades mexicanas crecieron rodeadas de un cinturón verde que nadie diseñó como tal; no era un parque ni una reserva: era el ejido.
La tierra ejidal tenía una cualidad rara en el mundo moderno, era inalienable: no se podía vender ni cambiar de uso, sólo heredar, y esa sola condición jurídica la mantenía fuera del mercado inmobiliario.
Sin proponérselo, los ejidos que rodeaban a las ciudades funcionaron como un límite: contenían la mancha urbana porque, sencillamente, ese suelo no estaba en venta.
Ese freno no se rompió por accidente ni de un solo golpe, se desmontó a lo largo de cuatro décadas, en una sucesión de reformas que, vistas juntas, cuentan una historia coherente.
Aquí una línea del tiempo de cómo se vendieron las tierras ejidales:
1976: se construye la maquinaria de la planeación. El 6 de febrero de 1976 se reformaron los artículos 27, 73 y 115 constitucionales y, el 26 de mayo, se publicó la primera Ley General de Asentamientos Humanos.
Por primera vez en la historia del país, el Estado se dio las herramientas para planear y regular el crecimiento de las ciudades. Fue un avance, hasta entonces el desarrollo urbano era en buena medida caótico, pero también instaló la idea de que el suelo se ordena desde un plano, con usos, reservas y destinos que una autoridad define y, por lo tanto, puede cambiar.
1983: el interruptor pasa a los municipios. El 3 de febrero de 1983, la reforma al artículo 115 constitucional entregó a los ayuntamientos la facultad de formular y administrar la zonificación y de autorizar los usos del suelo y las licencias de construcción.²
Descentralizar era sano; pero con esa firma municipal, un terreno podía, de un día para otro, valer mucho más. El mecanismo capaz de revalorizar la tierra quedó instalado a la puerta de cada presidencia municipal.
1992: se levanta el candado del ejido. Aquí está el corazón del asunto. Los decretos del 6 y 28 de enero de 1992 reformaron el artículo 27 constitucional, y la nueva Ley Agraria del 26 de febrero permitió, mediante la figura del «dominio pleno», que una parcela ejidal se convirtiera en propiedad privada y se vendiera (algo prohibido durante los setenta años anteriores).³
El cinturón dejó de ser inalienable. En el mismo periodo, el INFONAVIT fue abandonando su papel de constructor de vivienda para volverse, sobre todo, un otorgante de crédito.
Y no fue una casualidad del calendario: la reforma se enmarcó en la apertura económica que culminaría con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994.
1993: se opera la conversión, parcela por parcela. La reforma habría quedado en el papel sin una maquinaria para ejecutarla.
El 6 de enero de 1993 arrancó el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), que midió, delimitó y certificó las tierras de cada ejido (parcelas, uso común y solares) para que pudieran individualizarse y, con ello, salir al mercado.
El PROCEDE fue el instrumento que tradujo la reforma constitucional en escrituras vendibles, sobre una superficie ejidal y comunal que equivale a poco más de la mitad del territorio nacional.4
2000 en adelante: el mercado toma el volante. Con el suelo ya liberado, la política nacional de vivienda masiva delegó la construcción a las grandes desarrolladoras.
La lógica de mercado hizo lo que la lógica de mercado hace, llevó la oferta hacia donde el suelo era más barato, es decir, a la periferia y al suelo agrario en conversión.
El saldo, dos décadas después, son cerca de seis millones de viviendas deshabitadas en el país5, producidas mayoritariamente por la política habitacional de 2000 a 2013, muchas de ellas en periferias sin servicios ni transporte.
Sumados, estos movimientos produjeron un mecanismo silencioso que terminó dibujando nuestras ciudades: el arbitraje sobre el uso del suelo.
Se compra suelo agrario a unos pocos pesos por metro cuadrado; un cambio de uso municipal lo revaloriza al instante; y su urbanización lo revaloriza de nuevo.6
Lo que definió hacia dónde creció la mancha urbana no fue la planeación, sino ese diferencial de precio.
El crecimiento dejó de seguir a la ciudad y empezó a perseguir el precio del terreno. Las consecuencias, la pérdida de zonas de recarga y descarga, los traslados interminables, las islas de calor y las viviendas abandonadas, no fueron errores aislados; fueron el resultado predecible de esos incentivos.
Defender Chametla, El Centenario y El Comitán: el cinturón de La Paz
Contamos todo esto porque en la ciudad de La Paz ese mecanismo está operando ahora, sobre nuestro propio cinturón urbano.
Los ejidos de Chametla, El Centenario y El Comitán, en la ribera de la Ensenada, son ese anillo de suelo que durante décadas contuvo el crecimiento y dejó respirar a la Bahía, son también las tierras por donde el agua se infiltra y escurre hacia los esteros y manglares de la Ensenada; todos parten del mismo humedal de importancia internacional y hoy se están fraccionando y vendiendo, parcela por parcela.
No hay que imaginarlo, solo basta con mirar la actual conformación de la urbanización en la salida hacia el norte de la ciudad.
Fraccionamientos a un lado de un manglar, un manglar con escombro, una bodega junto a una casa, calles que se convierten en arroyos cada temporal y luego no encuentran su camino natural, y los permisos se siguen tramitando a nivel municipal, estatal y federal de a poco, fragmentados para no hacer ruido.
A nivel federal, en la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT ingresan cada semana desarrollos proyectados sobre estos ejidos, pidiendo cambios de uso de suelo forestal a la sombra de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que, al presentarse en modalidad particular, minimizan los daños y describen la obra como un «desarrollo inmobiliario en ecosistemas costeros».
Ahí está el arbitraje en su forma más pura: suelo ejidal, cambio de uso, revalorización, la misma jugada que vació las periferias del centro, norte y sur del país, ahora sobre el borde de nuestra Bahía.
Y aquí conviene desarmar la trampa más común, cuando estos proyectos se defienden diciendo que se trata «sólo de matorral», o incluso que el predio ya es «asentamiento humano» y no terreno forestal, se está midiendo el valor del suelo con la vara equivocada.
Ese matorral no es un baldío a la espera de ser útil: es la superficie que infiltra el agua, la que alimenta el manglar, la que amortigua la Bahía que otras dependencias, del mismo Estado están gastando dinero en restaurar. Su valor no se ve desde el lote; se ve desde la cuenca.
De todo esto podemos darnos cuenta como ciudadanía, siempre y cuando estemos pendientes de la Gaceta de la SEMARNAT, que es pública y que organizaciones enteras revisan cada semana.
Pero ¿qué pasa con los permisos que no se publicitan igual? ¿Con los que ya obtuvieron su autorización federal de manera fragmentada y ahora piden una lotificación para ofrecer lotes de inversión a personas que colocan sus ahorros en lo que después será suburbanización, con todas las externalidades negativas que arrastra? ¿Con la autorización de uso de suelo sobre ecosistemas que otras agendas luchan por conservar o restaurar, o con la licencia de construcción municipal que los promotores ya aprendieron a tramitar sobre la marcha aún sin contar con los servicios públicos básicos asegurados?
Tenemos una Ley General de Cambio Climático, otra de protección al ambiente y una más de asentamientos humanos, y aun así no detienen el tren del sector inmobiliario.
Lo que se juega
Perder este cinturón no es perder un paisaje bonito, es perder la infraestructura viva que regula el agua y el clima de la ciudad, el suelo que recarga, el arroyo que conduce, el manglar que filtra, el humedal que descarga, la costa que amortigua.
Es cambiar un límite ecológico por una mancha urbana que, si seguimos el guión nacional, terminará dependiendo del automóvil, encareciendo el agua y descargando su escorrentía sobre la misma Bahía que decimos querer.
La buena noticia es que el cinturón todavía existe y que la tierra ejidal, la misma cuya venta se liberó en 1992, conserva algo que ninguna otra tenencia tiene: una asamblea, una decisión colectiva sobre su destino, el ejido dejó de ser un freno automático, pero la comunidad puede volver a serlo por decisión.
Nada de esto parte de cero: una de las diez propuestas para una ciudad distinta que sembramos el año pasado es reconocer el suelo rural y ejidal (San Pedro, Chametla, El Centenario y El Comitán) como infraestructura de vida, y no como reserva para una futura urbanización.
Y no todo depende de la sociedad civil, la autoridad tiene en la mano herramientas para conservarlo, si decide usarlas.
El municipio puede y debe evaluar y actualizar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) vigente y emitir planes parciales que reconozcan el suelo de recarga, descarga y otras funciones hidrológicas vitales como no urbanizable.
El gobierno estatal puede darle fuerza a su Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER), que a esta zona ya le asigna una política de preservación.
Por su parte, la Federación puede activar, a través del Programa de Acción de Restauración de la Bahía de La Paz (PAR), que forma parte del Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, el pago por servicios ambientales hidrológicos de la CONAFOR o una figura de conservación voluntaria de la CONANP.
Instrumentos para que conservar pague tanto como vender, y para que cuidar y restaurar los manglares que aún no se han perdido asegure recursos y futuro a las comunidades que ya lo hacen, tales como Las Guardianas del Conchalito, las vecinas y vecinos de los manglares de Chametla, El Centenario y Comitán, los Mangles del Manglito y Costa Salvaje; entre otras.
No hace falta inventar nada, los instrumentos existen y están dispersos entre ventanillas; falta la voluntad de coordinarlos y ponerlos al servicio de la cuenca.
Los dos proyectos de El Centenario en consulta pública son esa decisión concreta, con folio y fecha de cierre. Es el capítulo en la historia que todavía se puede escribir diferente; el plazo para presentar observaciones corre ahora.
El cinturón que perdimos como nación, aquí en La Paz todavía lo tenemos puesto, lo que México perdió por una serie de reformas, la capital de BCS todavía puede conservarlo por una serie de decisiones, pero el tiempo corre a la velocidad de una firma en un cambio de uso de suelo.
Defender Chametla, El Centenario y El Comitán es negarnos a repetir, en el borde de nuestra Bahía, el error que ya vació de agua y de sentido a tantas periferias del país.
