En Contener La Paz trabajamos para impulsar la infraestructura verde y azul. Hace tres años propusimos una meta en colectivo, ante los tres órdenes de gobierno y ante la comunidad paceña, regenerar el 30% del territorio urbano de la Cuenca de La Paz en 30 años, en línea con los acuerdos internacionales de biodiversidad y clima.
Foto de portada: Sandra Muñoz
Son 22.25 km², es decir 2,225 hectáreas. Poco más de 74 hectáreas cada año, todos los años, durante tres décadas.
Ese es el ritmo máximo al que esta ciudad podría devolverle al territorio sus cualidades naturales, sólo si empujan a la vez el municipio, el gobierno del estado, la federación, quienes construyen, la academia y las vecinas y vecinos de cada colonia.
Ahora pongamos ese número junto a lo que se está pidiendo desmontar en este verano de 2026 ante la Oficina de Representación de la Semarnat en BCS. Estos son los cambios de uso de suelo forestal que se tramitan en paralelo ante la autoridad federal, hasta donde alcanza nuestra investigación.
| Zona | Superficie solicitada |
| El Saltito (tres desarrollos residencial-turísticos, de un conjunto proyectado de unas 1,000 ha) | 110 ha |
| Campestre Vista Amanecer (lotificación de 888 lotes habitacionales en la zona Chametla- El Centenario) | 71.82 ha |
| Bahía Real (desarrollo habitacional del Programa de Vivienda para el Bienestar en la zona de Olas Altas) | 39 ha |
| Punta La Paz (desarrollo turístico-residencial en la zona Punta Colorada-Balandra) | 52.36 ha |
| Total | 273.18 ha |
Doscientas setenta y tres hectáreas, casi cuatro años de nuestro mejor ritmo posible para regenerar la ciudad, solicitados de una sola vez; más de la décima parte de todo lo que nos propusimos regenerar en tres décadas.
Lo que la tabla no alcanza a mostrar
Conviene detenerse en El Saltito, porque ahí se ve el mecanismo completo. Lo que está en evaluación federal son 110 hectáreas, y esas 110 son una fracción de un conjunto de tres desarrollos residencial-turísticos que suman del orden de mil hectáreas sobre el mismo frente costero.
La ventanilla federal ve la fracción. El resto se resuelve en otras oficinas, en otros tiempos y con otros criterios, o no se resuelve en ninguna parte porque no hay vegetación forestal de por medio.
Nadie evalúa las mil hectáreas. Y aun así, las mil son las que van a existir.
El contraste dentro de la propia tabla dice lo mismo. En el polígono Chametla–El Centenario hay un expediente de 71.8 hectáreas para lotificar 888 lotes y otro de apenas 1.26 hectáreas.
Cada uno se evalúa por separado y con los mismos criterios. Ninguno de los dos trámites pregunta qué le hacen los dos juntos, más los que vengan detrás, al mismo escurrimiento y al manglar donde desemboca.
Y esto es sólo lo que requiere trámite federal. Suele decirse que son procesos distintos, tramitados en oficinas distintas ante autoridades distintas.
Es cierto que las oficinas están separadas. No es cierto que por eso sean asuntos separados.
Hay dos rutas de entrada, una institucional, por la que la vivienda social llega vía SEDATU, CONAVI, INFONAVIT y los organismos de vivienda locales; y otra comercial, por la que los «desarrolladores» van directo con el Ayuntamiento.
Y cuando el proyecto toca monte, costa, agua o fauna se activa una tercera capa, la federal, que tampoco es una sola ventanilla, sino media docena, impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, zona federal marítimo terrestre, obras que modifican la costa, rescate de flora y fauna, concesión de agua y permiso de descarga ante la CONAGUA, más la CONANP si hay área natural protegida de por medio.
Cada una con su expediente, su calendario y sus criterios. Ninguna obligada a preguntar qué dijeron las otras.
Las puertas son distintas; el territorio donde desembocan es el mismo.
De ordenamiento territorial, de vivienda, de movilidad y seguridad vial, de gestión de riesgos, de espacio público, de externalidades sociales, ni hablar.
Para nada de eso hay un permiso que tramitar ante la federación. La política a cargo de SEDATU está ahí, como un satélite que orbita sin aterrizar nunca.
Y no es que falten instrumentos. La Ley General de Asentamientos Humanos, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y un conjunto de Normas Oficiales Mexicanas obligatorias para los tres órdenes de gobierno ya dicen buena parte de lo que habría que hacer.
Una de ellas pide, incluso, que el ordenamiento territorial se construya con enfoque de cuenca y de acuífero. Se aplauden en los foros y no bajan al territorio. Lo urbano sólo aparece cuando hace falta un permiso municipal, y entonces ya no es política; es trámite.
Por eso quedan fuera de la tabla el frente costero hacia El Pedregal, la turistificación y gentrificación del centro, El Esterito y El Manglito, y buena parte de la vivienda en las periferias sur y nor-poniente.
Ahí conviven dos situaciones. Donde ya no queda vegetación forestal en pie, el predio se va directo a lotificación ante el municipio y nunca pasa por una ventanilla ambiental federal.
Donde todavía la hay, el promovente tiene que tramitar su cambio de uso de suelo forestal, igual que los de la tabla. Y hay una variante que en La Paz se ve a simple vista, predios que amanecen desmontados sin autorización alguna.
Cuando eso ocurre el trámite deja de ser necesario, porque ya no hay vegetación que remover. El daño se consuma y el expediente se ahorra.
Vigilarlo le corresponde a la PROFEPA, y es parte de la misma conversación. Mientras desmontar antes siga siendo más barato que pedir permiso, ninguna regla de planeación va a sostenerse sola.
Lo que no aparece en ninguna tabla
Los edificios del programa federal de Vivienda para el Bienestar ya avanzan en la periferia sur, en los sectores Calafia 3 y Calafia 4, colindando con Cola de Ballena.
Departamentos de tres niveles con conclusión prevista para finales de 2026.
Se ocuparon terrenos con uso de suelo de equipamiento, es decir, suelo que el municipio tenía destinado a servicios y espacio público.
De tres predios, dos están en obra y el tercero, que no tenía vegetación, quedó desmontado a la espera de convertirse en el parque de la zona.
En los dos que sí tenían vegetación forestal, la obra avanza sin que conste que se haya tramitado cambio de uso de suelo. La ventanilla federal nunca se activó.
Acompañamos a las vecinas cuando pidieron que no se construyera ahí. Lo que señalaron entonces sigue sin respuesta, ¿cómo se va a dotar de agua potable, drenaje y alumbrado suficientes a viviendas nuevas en una zona que ya arrastra rezago en los tres servicios?
No era una objeción vecinal aislada. Es la pregunta que la propia norma federal obliga a hacerse, y nadie la invocó porque no había ningún permiso donde tuviera que invocarse.
Ese caso no aporta una sola hectárea a la tabla de arriba. Le resta hectáreas a la meta igual que cualquiera de las que sí aparecen.
Un tramo de cuenca que deja de recargar arriba y descarga peor abajo, un arroyo con menos margen, viviendas nuevas en una zona que no tenía servicios ni para las que ya estaban.
Y si algo demuestra es que la tabla, con todo y sus 274 hectáreas, se queda corta. Mide lo que pasa por una ventanilla, no lo que le pasa al territorio.
Tampoco es la primera vez. Entre 2000 y 2005 aparecieron las colonias de la salida sur, Camino Real, Calafia, La Pasión, y el mecanismo fue el mismo.
Colocar una colonia popular muy lejos obligaba a llevarle servicios de manera gratuita, y los terrenos intermedios, privados, recibían ese beneficio sin haber invertido un peso.
De ahí viene buena parte de los problemas de transporte y servicios que la ciudad arrastra. Veinte años después, el patrón sigue funcionando igual.
Ninguno está cerrado
Conviene decir en qué momento está cada cosa. En Chametla y El Centenario hay dos proyectos en consulta pública, con los plazos corriendo ahora mismo, la de Sea Side Villas II cierra el 31 de agosto y la de Campestre Vista Amanecer el 4 de septiembre.
Olas Altas no se ha resuelto. Punta La Paz está en trámite. Y detrás vienen los que todavía no aparecen en ninguna gaceta, los que están formados para un cambio de uso de suelo forestal y los que ni siquiera necesitan pasar por ahí porque su puerta es municipal, una lotificación, un uso de suelo, una licencia de construcción.
Dicho de otro modo, en casi todos todavía se puede decidir distinto.
Vale la pena recordar lo que estuvo a punto de pasar. El 11 de julio de 2024 ingresó a evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del proyecto Kuni, 1,655 hectáreas entre El Tecolote y Puerto Mexía, del orden de 20 mil cuartos, colindando con el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra y con el acceso a unos 18 kilómetros de playa pública en juego.
Más de seis veces todo lo que hoy está en evaluación, y más de 20 años de nuestro ritmo máximo de regeneración, en un único expediente.
Lo detuvieron asambleas, firmas y gente en la calle durante semanas. El 26 de septiembre de 2025 la Semarnat publicó en la Gaceta Ambiental el cambio de estatus. La empresa se había desistido.
Esto hay que decirlo con precisión, porque suele contarse como una cancelación y no lo fue. Un desistimiento es una renuncia del promovente, no una resolución de la autoridad. No fija criterios, no sienta precedente y no cambia nada del polígono, el mismo proyecto, o uno parecido, puede volver a ingresar mañana. La movilización ciudadana detuvo el expediente más grande que ha visto esta bahía y, aun así, no produjo una sola regla. Ganamos el caso y perdimos la lección.
Y sí hay planes para enfrentar esta situación
Hay tres, y los tres dicen cosas sensatas.
El primero es federal y es nuevo. La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, presentó el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025–2030, que por primera vez fija metas nacionales de restauración.
Entre ellas, decretar 10 Áreas de Prosperidad Marina en el Golfo de California al 2030, y la restauración productiva de la Bahía de La Paz es una de ellas.
No se quedó en el anuncio. Se está construyendo, en mesas con organizaciones, academia e instituciones, un programa de acción para la Bahía que va de los arrecifes a la pesca ribereña y al frente costero de la ciudad.
Los otros dos son de casa y llevan años aquí. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER) define qué usos son compatibles con cada porción del territorio del estado según sus condiciones ambientales.
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) establece zonificación, densidades y reservas de crecimiento para la ciudad de La Paz.
Los dos son obligatorios. Ninguno está funcionando como el filtro que debería ser.
Vale la pena detenerse en el primero, porque la mesa de ecosistemas terrestres propuso al menos cuatro sitios.
- Los manglares de El Zacatal, en el polígono Chametla–El Centenario.
- El arroyo El Cajoncito.
- Los manglares de Palmira y el Cerro de la Calavera.
- La zona del Ecoparque.
Ninguno de esos cuatro sitios es un hallazgo reciente. Llevan años señalados por vecinas, colectivos, académicas y organizaciones que empezaron a defender este territorio desde principios de los dos mil, cuando plantearon algo que hoy suena obvio y entonces no lo era, que el desarrollo de La Paz tenía que ser para el conjunto y no para unos cuantos.
De esa insistencia sostenida durante dos décadas, congresos, observatorios, asambleas y la defensa del agua subterránea frente a la salida fácil de las desalinizadoras, salió el consenso que hoy recoge un programa federal.
Lo que hicimos en la mesa de ecosistemas terrestres fue ponerlos juntos y nombrar lo que forman. Tres nodos y un conector. El Zacatal, Palmira–Calavera y el Ecoparque captan, retienen, filtran y sostienen hábitat en puntos estratégicos.
El Cajoncito los enlaza con la sierra y con la Bahía. Eso es, exactamente, una Red de Infraestructura Verde y Azul. No una colección de proyectos verdes, sino un sistema donde cada pieza depende de la continuidad de las demás.
Lo aclaramos por transparencia, participamos en varias de esas propuestas, junto con muchas otras organizaciones y personas de la coalición. No estamos pidiendo que se proteja un territorio abstracto, estamos pidiendo que no se autorice destruir lo que nos comprometimos públicamente a restaurar.
Y aquí está lo que hay que decir sin rodeos. El problema no es de diagnóstico, es de andamiaje. Falta quién revise que un permiso sea congruente con lo que el ordenamiento dice, falta quién actualice los programas cuando el territorio cambia, falta que incumplirlos tenga consecuencia. Tres planes y una ventanilla. La ventanilla gana siempre.
La contradicción
Ahora júntense las dos listas. El manglar de El Zacatal aparece entre los sitios a restaurar porque está perdiendo la conexión con los escurrimientos que lo alimentan. Recuperar esa conexión implica trabajar sobre el territorio que va de las partes altas de Chametla y El Centenario hasta el manglar.
Ese mismo territorio es el de dos renglones de la tabla, 73 hectáreas solicitadas para desmonte. Y las 274 están todas en la misma bahía que el gobierno federal designó para restauración productiva.
La misma institución sostiene los dos mandatos, pero con instrumentos que trabajan a escalas distintas y que no están obligados a consultarse entre sí. Si nada los une, el país va a terminar pagando por restaurar lo que autorizó destruir.
No es una contradicción de nadie en particular, es una contradicción de diseño. La restauración se planea por ecosistema y por cuenca; los permisos se resuelven predio por predio, con criterios que no contemplan el efecto acumulado.
Quien resuelve un cambio de uso de suelo forestal no tiene facultad legal para negarlo por lo que ese predio significa para la cuenca; si lo hiciera, estaría resolviendo fuera de la ley.
Nadie está incumpliendo, cada quien aplica la norma que le toca. Lo que falta es la norma que las una. Mientras eso siga así, el segundo proceso va a cancelar al primero, y lo va a hacer más rápido y más barato.
Dónde ocurre todo esto
Estos expedientes no están dispersos al azar. Ocurren sobre las orillas de la cuenca, las zonas donde el agua de lluvia se infiltra hacia el subsuelo en la parte alta y media, y las de descarga en el contacto con la Bahía y los esteros.
Son las áreas que todavía no están urbanizadas, y no lo están precisamente porque son las que hacen el trabajo hidrológico que sostiene a la ciudad.
La Paz se abastece de agua en fase subterránea y su media de lluvia ronda los 270 milímetros al año, contra unos 800 de media nacional.
En varios de los últimos años ha estado muy por debajo de 200, y la recarga depende de que entre o no un ciclón. En ese contexto, las zonas de recarga y descarga no son suelo disponible en espera de destino, son infraestructura viva.
Esto no es una postura contra la vivienda
La vivienda es una de las herramientas más potentes que tenemos para regenerar. Dónde se ubica, con qué superficie permeable, con qué vegetación nativa, con qué manejo del escurrimiento y con qué relación con el arroyo más cercano determina si suma o resta a la meta.
Una política de vivienda bien situada podría ser el mayor proyecto de infraestructura verde y azul que La Paz haya hecho.
La vara se mide igual para el turismo del noreste y para la vivienda del sur. La pregunta es la misma en ambos casos, ¿esto suma o resta a las 74 hectáreas anuales?
Que exista el Programa Nacional de Restauración Ambiental y que nombre a esta bahía es la mejor noticia ambiental que ha tenido La Paz en años.
Escribimos esto no para restarle mérito, sino porque un compromiso de restauración que no está protegido de los permisos que se resuelven en paralelo se cumple en el papel y se pierde en el territorio.
Todo tiene que ver
Cuando nos encargaron identificar dónde había más potencial para infraestructura verde y azul en La Paz, entregamos otra cosa.
Hicimos el ejercicio con las organizaciones que ya habían puesto el tema sobre la mesa, con talleres de cartografía social y con el modelo hidrogeológico de la cuenca encima.
El hallazgo fue incómodo, los buenos sitios no eran un problema de identificación, sino de decisión.
Hoy tenemos algo que en 2023 no teníamos, un plan federal que nombra a esta bahía, un programa de acción en construcción y una red que empieza a tener forma.
Lo que no tenemos es la regla que impida que los permisos vayan en dirección contraria.
Aquí conviene tomar aire. Lo que se desató con El Saltito nos tuvo semanas respondiendo a plazos que no pusimos nosotras, y ahí está la trampa.
Cuando todo es urgente, la conversación de fondo nunca alcanza a ocurrir.
Por eso esto no sigue con una segunda parte sobre el mismo asunto, sigue con todo lo demás.
Con El Saltito, que abrió una conversación que ya no se cerró. Con dónde se pone la vivienda y en qué condiciones. Con el agua que no alcanza. Con las playas que se van cerrando. Con los programas de desarrollo urbano que llevan años sin revisarse. Con la restauración de la Bahía y quién la sostiene cuando se acabe el entusiasmo.
Todo eso, que parecía una lista de temas sueltos, es una sola pregunta. Quién decide el futuro de este territorio y con qué reglas.
Ya nos lo habían advertido quienes llevan más tiempo en esto. Las luchas no se ganan de una vez, hay que sostenerlas todo el tiempo. Por eso no basta con detener expedientes. Hace falta la regla, y no la puede escribir una oficina sola.
Proponemos instalar esa mesa, en donde se sienten quienes autorizan, quienes construyen, quienes restauran, quienes conservan y quienes viven aquí.
No para redactar otro diagnóstico, sino para resolver una pregunta concreta, ¿con qué criterio se decide si un permiso suma o resta a la meta? y ¿en qué instrumento se escribe eso para que obligue? Esta columna es la invitación.
Por ahora basta con dejar los números juntos. 74 hectáreas al año que podríamos regenerar, 274 hectáreas solicitadas de una sola vez para desmontar, y un territorio comprometido a restaurarse que es el mismo que está en evaluación.
Ninguno de esos expedientes está resuelto todavía. Ese, y no otro, es el margen que nos queda.
