En La Paz ha llovido estos días como hacía mucho no pasaba, y lo que vimos no fue solo agua, más bien fue el resultado de años de decisiones sobre cómo construimos esta ciudad, que con cada calle pavimentada, con cada lote impermeabilizado, con cada arroyo desviado o canalizado, le quitó al suelo, lenta y abruptamente, su capacidad de absorber.

El agua que antes tardaba días en bajar de la sierra llegó a las calles en horas y salió al mar en minutos, sin pasar por donde tenía que pasar: sin recargar el subsuelo del que bebemos y obtenemos agua dulce para nuestras actividades diarias.

Ese patrón ha dado como resultado una ciudad impermeable, y tiene consecuencias que ya estamos viviendo, calles que se convierten en ríos, colonias inundadas, infraestructura que no aguanta y un subsuelo que no se recarga lo suficiente. Cuando eso pasa, el mar avanza, la intrusión salina en el subsuelo de La Paz está documentada, y no la señalan solamente quienes hacemos trabajo ciudadano, lo dice el propio Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) vigente, y  la identifica como riesgo en su Plan de Acción para el Recurso Hídrico.

El monte que rodea La Paz también es bosque

El 15 de septiembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, firmado el 4 de septiembre en Zapopan por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entrando en vigor el 16 de septiembre.

Conviene leer con precisión qué es, ya que no es una declaración de intenciones, su artículo primero establece diez directrices de observancia obligatoria para las unidades administrativas de la SEMARNAT y de la CONAFOR, en el ámbito de sus respectivas competencias. Para los estados y los municipios opera de otra manera, mediante convenios de coordinación y concertación que cada entidad decide suscribir. Su transitorio tercero aclara que no habrá recursos adicionales, de modo que su fuerza dependerá de que reoriente decisiones, no de que financie programas nuevos.

Dos de esas diez directrices se leen distinto desde esta bahía, la primera manda conservar, restaurar y reforestar bosques y selvas; la segunda, garantizar la conservación y restauración de los manglares como ecosistemas estratégicos. También hay un párrafo en los considerandos que merece subrayarse, porque no lo escribió una organización ciudadana sino el gobierno federal, que el 32 % de los humedales costeros del país, lo que incluye los manglares, ha sufrido el impacto del desarrollo de infraestructura turística. El mismo texto nombra la expansión urbana entre los procesos que degradan los ecosistemas forestales, y reconoce dentro de la riqueza forestal de México, esos 138.7 millones de hectáreas que equivalen al 71 % del territorio nacional, a las selvas secas, los encinares, los matorrales y la vasta extensión de vegetación de zonas áridas y semiáridas.

En La Paz, eso importa más de lo que parece, el matorral sarcocaule que rodea a la mancha urbana actual es, jurídicamente, terreno forestal, y por eso los proyectos que se tramitan en la franja costera requieren una autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. Cuando decimos bosque pensamos en pino y encino, y esa imagen nos ha costado caro, el bosque seco de la península no se parece a un bosque, pero infiltra agua, sostiene el suelo, da sombra y regula la temperatura igual que uno, y se pierde con el mismo permiso.

Por eso el Acuerdo se pone a prueba aquí, por ejemplo, en El Saltito, un promovente pretendía desmontar más de 110 hectáreas de vegetación nativa y terminó desistiéndose de dos permisos de cambio de uso de suelo forestal. En Punta La Paz, en el entorno del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, un proyecto al que la autoridad federal ya había negado la autorización por omitir la presencia de manglares reingresó por la vía del cambio de uso de suelo forestal, y su estudio técnico se analizó en comité el pasado agosto. 

Un expediente negado no desaparece, vuelve por otra ventanilla, por eso garantizar la conservación de los manglares como ecosistemas estratégicos y admitir el reingreso de un proyecto negado precisamente por omitirlos no pueden ser la misma política.

Hay también una directriz que habrá que vigilar, la décima, ya que instruye simplificar, mejorar y modernizar los trámites forestales, con el propósito declarado de facilitar el acceso de ejidos, comunidades y pequeños propietarios a las autorizaciones para aprovechar sustentablemente sus recursos. El objetivo es legítimo y necesario pero el trámite que se simplificaría es, en esta franja costera, el mismo por el que se solicita desmontar cientos de hectáreas para desarrollos turístico-residenciales, así que esa diferencia tendrá que quedar escrita en la instrumentación; simplificar para un ejido y simplificar para un proyecto inmobiliarios de una, cincuenta o cientos de hectáreas no son la misma cosa. 

Hay algo concreto que pedir, no sólo algo que celebrar, el artículo segundo del Acuerdo prevé convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios; Jalisco anunció que sería el primer estado en suscribirlo. Que Baja California Sur y el municipio de La Paz firmen ese convenio, y que lo hagan nombrando explícitamente el matorral costero, las dunas y los manglares de la bahía, sería la vía más rápida para que una directriz nacional se convierta en criterio local, en la ventanilla donde efectivamente se decide.

Las áreas naturales son la mejor infraestructura verde

En la literatura técnica a ese conjunto se le llama infraestructura verde y azul (IAV), una red planeada de espacios naturales y seminaturales que, a diferencia de la infraestructura gris, de finalidad única, presta varios servicios a la vez. Es un concepto con recorrido normativo, la Comisión Europea lo adoptó como estrategia en 2013 y España lo incorporó a su legislación en 2021. A las intervenciones que la protegen o restauran se les llama Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). No es un término de moda, es una categoría con definición acordada por los Estados en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2022 , además del estándar global publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicado desde 2020, hoy en su segunda edición. 

Traducido a choyero significa que el suelo permeable de los arroyos que bajan de la sierra es infraestructura hídrica; que el manglar es infraestructura de protección costera; que las dunas son obra contra tormentas; que el matorral que todavía rodea la mancha urbana es infraestructura de recarga, descarga y de sombra. Nada de eso aparece en el presupuesto de obra pública, todo eso trabaja gratis, todos los días y cuando desaparece hay que sustituirlo con concreto que cuesta, que se mantiene y que se rompe.

Se ha propuesto desde hace años construir presas de gaviones y obras que bajen la velocidad del agua para que se infiltre, son medidas correctas y hay un gran respaldo por ellas, pero conviene ser precisas, una obra de infiltración recupera una fracción de lo que un suelo vivo hacía por sí solo, cuesta dinero público y requiere mantenimiento permanente, la SbN más barata que existe es no pavimentar la zona de recarga; todo lo demás es reposición parcial de algo que ya teníamos.

La contradicción que nos cuesta nombrar

Mientras la ciudad de La Paz demostraba estos días que no tiene capacidad para manejar el agua que cae del cielo, en el Ayuntamiento se siguen otorgando lotificaciones, autorizaciones de uso de suelo y licencias de construcción; así como en las ventanillas federales se siguen tramitando cambios de uso de suelo en terrenos forestales sobre los ejidos de Chametla, El Centenario, El Comitán, manglares, humedales y sobre el suelo que aún rodea a la ciudad, es decir, precisamente donde el agua se infiltra, se recarga y se descarga, donde el suelo todavía sabe absorber, donde la sierra conecta con la bahía.

No es una aseveración sin confirmar, el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz ha documentado más de 5,900 licencias de construcción otorgadas en el municipio entre 2019 y 2025, de las cuales el 46 % se emitieron solo en 2025, concentradas en El Manglito, El Esterito, la Zona Central y El Centenario. Una investigación académica de la UABCS documenta al menos 15 megaproyectos turístico-residenciales de más de 50 hectáreas cada uno sobre la franja costera que va del Mogote a Ensenada de Muertos. Solo en el entorno de El Saltito, los proyectos tramitados suman del orden de mil hectáreas; más del 12 % de la mancha urbana actual. Estamos autorizando la destrucción de la infraestructura natural que nos protege, mientras pedimos que alguien resuelva las inundaciones.

El problema no es que falten reglas, es el orden en que se aplican

Hoy un promovente puede obtener la autorización federal para desmontar suelo forestal y la lotificación municipal sin haber demostrado que hay agua para lo que va a construir. La factibilidad del organismo municipal operador (OMSAPAS) se exige hasta la etapa de licencia de construcción, cuando el ecosistema ya fue removido. Primero se desmonta, después se pregunta si hay agua, y si no la hay se propone una desaladora.

Ese orden produce hechos consumados, ya que cuando la pregunta llega, la respuesta ya casi no importa, porque el suelo que infiltraba dejó de infiltrar,  invertir esa secuencia es, en una sola frase, lo que estamos pidiendo.

Lo digo en plural porque no lo hacemos solas. Contener La Paz forma parte de una coalición de 11 organizaciones y colectivos que el 25 de agosto entregamos dos escritos de peticiones, uno al Gobierno del Estado y otro al Ayuntamiento, ambos con acuse de recibido. Son en su mayor parte, una lista de compromisos que las propias autoridades ya adquirieron y no han cumplido; no son una denuncia.

Al municipio le pedimos que la disponibilidad real de agua se acredite antes de la lotificación y del cambio de uso de suelo, no después; que se verifique que cada proyecto efectivamente cabe en la zonificación potencial del PDUCP, con los parámetros desagregados por tipo de suelo cuando un predio tiene clasificaciones distintas; que se publique el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) con un inventario de playas, sus accesos y una caracterización de las dunas costeras; que se active el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda; y que la revisión del Programa se abra a la academia, los colegios, las cámaras y las comunidades.

Al Gobierno del Estado le pedimos que la revisión de las reglas de crecimiento que el Ejecutivo anunció alcance las costas y los ecosistemas y no solo el centro de las ciudades; que se retome el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (POET), pendiente desde noviembre de 2023 y con recursos públicos ya destinados; que el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER) sea condición y no recomendación; y que se revisen las implicaciones de la figura de Polígonos Prioritarios, que permite modificar usos de suelo sin el procedimiento de consulta pública que la ley exige.

El plan existe

Estas semanas hemos escuchado muchas conversaciones sobre lo que ha pasado. Empresarios, ingenieras, vecinas, gente que rara vez coincide, diciendo lo mismo, que el problema ya está aquí, que hace falta una pausa al crecimiento inmobiliario, que las factibilidades de agua deben transparentarse, que urge un diálogo entre todos los sectores. 

Que eso se diga en voz alta y desde tantos lugares distintos es lo más importante que ha ocurrido en estos años de conversación pública sobre esta ciudad. 

Ante esta coincidencia, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el plan? Llevamos años leyendo y analizando la respuesta y es incómoda. El plan existe, se llama PDUCP, es de 2018, tiene más de 300 páginas y es obligatorio. En ese documento está clasificado el potencial del suelo de cada zona de La Paz, ahí están las densidades máximas permitidas, la proyección de demanda de agua hasta 2050 y el riesgo de intrusión salina documentado. También está, programada desde 2007, una acción para normar los desarrollos turísticos que integren plantas desaladoras, acceso a playas y redes de infraestructura, esa acción nunca se ha ejecutado en 19 años.

El problema no es que no haya plan, es que nadie verifica que se cumpla, y el instrumento que debía vigilarlo, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda que el propio Programa mandata crear como órgano permanente de consulta, no opera.

Qué se vería distinto

Reconocer el suelo permeable como lo que es, infraestructura hídrica, no es una consigna, se traduce en decisiones concretas y verificables. 

Que las zonas de recarga se clasifiquen como zonas de recarga y no como reserva urbana disponible. Que los arroyos se manejen como corredores de infiltración y amortiguamiento, no como canales de desalojo. Que cada proyecto declare cuánta superficie deja de infiltrar y lo compense dentro de la misma cuenca, no en cualquier punto del municipio.

Que el drenaje pluvial se diseñe para infiltrar y almacenar, no únicamente para expulsar al mar lo más rápido posible. Que las dunas y el manglar se traten contablemente como obra de protección costera, de modo que removerlos tenga el costo de reposición que efectivamente tiene. Ninguna de estas medidas frena el desarrollo, pero si ordenan la secuencia y distribuyen el costo donde corresponde.

Lo que no sabemos

No sería honesto atribuir la inundación de una colonia concreta a un fraccionamiento concreto, la relación entre impermeabilización y escurrimiento es acumulativa y se mide a escala de cuenca, no de predio. Pero eso es el argumento, no la objeción, evaluar proyecto por proyecto es precisamente lo que impide ver el efecto que sí existe. La nueva Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, publicada el 21 de agosto de este año, obliga a evaluar los impactos de manera integral y no fragmentada, considerando los efectos acumulativos y sinérgicos. La herramienta legal ya existe, falta usarla.

Ninguno de los dos escritos ha sido contestado. El artículo 8º Constitucional obliga a una respuesta fundada y motivada por escrito, y la seguimos esperando, mientras tanto seguimos trabajando, leyendo expedientes, revisando el PDUCP página por página y caminando el territorio. En una sola caminata de tres horas, con guías naturalistas y vecinas, registramos 86 especies en el predio de El Saltito, justo donde el estudio del promovente afirmaba que no había nada relevante que conservar.

El Acuerdo publicado hoy dice, con la firma de la SEMARNAT y de la CONAFOR, que estos ecosistemas importan y que su conservación es una directriz obligatoria. Aquí ya lo sabíamos, lo caminamos, lo contamos y lo escribimos. Lo que falta es que esa directriz llegue hasta la ventanilla donde se autoriza un desmonte y hasta la mesa donde se otorga una factibilidad de agua; entre la firma y la ventanilla hay una distancia, y esa distancia es exactamente el trabajo que estamos haciendo.

Más allá de que esta ciudad deba crecer, y supongamos que estamos de acuerdo en eso, el problema no es sólo el crecimiento, es que se está autorizando sin agua, sin drenaje, sin energía y sin accesos, y que lo descubrimos después, cuando llueve.

Las lluvias de estas semanas son el espejo de un modelo de ciudad que construimos sin preguntarnos qué pasa en este pedazo de territorio cuando llueve, no son un desastre natural; todavía estamos a tiempo de preguntar. La sociedad civil organizada ya preguntó, por escrito, con folio y fecha; falta la respuesta.