En La Paz está por abrirse la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL). Como en otras ocasiones, se genera la expectativa de que esta herramienta técnica permita “ordenar” el territorio. 

Sin embargo, más allá del documento en sí, la pregunta clave es: ¿qué tipo de planeación estamos impulsando? ¿Desde qué enfoque del territorio y con qué voces se construye?

En las últimas semanas, la comunidad paceña ha dado muestras de una notable vitalidad social y política: desde la defensa del oasis de Todos Santos y la organización de foros ciudadanos, hasta la participación en talleres promovidos por distintas instancias de gobierno. 

Esta participación activa es una oportunidad invaluable para fortalecer una cultura de corresponsabilidad en la toma de decisiones.

Recientemente, fui moderadora en la mesa de movilidad del foro sectorial de SEDATU, parte de la Agenda Territorial Participativa 2025–2030. Fue un espacio donde se compartieron propuestas relevantes desde distintos sectores. 

Aun así, surgieron cuestionamientos legítimos sobre los alcances de la convocatoria, lo que nos invita a preguntarnos: ¿cómo garantizar que estos ejercicios participativos tengan una incidencia real en los procesos de planeación y no se reduzcan a trámites de validación?

Estas reflexiones adquieren aún mayor relevancia ante la reactivación de proyectos urbanos, energéticos y turísticos que responden a una lógica extractiva ya conocida. 

Iniciativas como Cabo Santos, Palmoral, Península de los Sueños o el Proyecto Sahuaro, así como la permanencia de cruceros en la bahía de La Paz y el regreso de la  Escalera Náutica avanzan sin los necesarios procesos de planeación integral ni una evaluación sistémica de sus impactos. 

Aunque cada uno de estos proyectos parece aislado, todos convergen en una visión fragmentada que tiende a mercantilizar el territorio, desconectándolo de sus dinámicas ecológicas e hidro sociales.

Desde Contener La Paz impulsamos una visión socio-ecosistémica donde el agua, el suelo y la biodiversidad no se consideran meros insumos, sino estructuras vivas que hacen posible el habitar. 

La contención de la mancha urbana, la regeneración de ecosistemas, la infraestructura verde y azul, la densificación equilibrada y la gestión del calor urbano forman parte de una estrategia integrada que responde al principio de justicia ambiental y cuidado del bien común.

En este marco, la gestión del agua subterránea se vuelve una pieza central. No basta con delimitar “zonas de recarga” de manera estática o altimétrica. El enfoque de la hidrogeología moderna, como lo plantea József Tóth en su teoría de flujos subterráneos, nos invita a entender el territorio como un sistema complejo de interconexiones donde lo que sucede en una ladera o un lecho seco puede afectar directamente una zona costera, una comunidad agrícola o una reserva ecológica. 

Comprender estos flujos implica asumir que el agua no es un vector estático, sino una arquitectura viva. A donde fluye el agua, fluye la vida.

Esa comprensión demanda coherencia en la toma de decisiones. No podemos aspirar a un ordenamiento territorial regenerativo mientras se promueven infraestructuras que sellan suelos, fragmentan corredores biológicos o desvían cauces sin una evaluación sistémica. 

El subsuelo, al igual que la superficie, tiene límites. Y su cuidado requiere de políticas que reconozcan la profundidad y la porosidad del territorio, no solo su potencial urbanizable.

A pesar de estas tensiones, hay avances que conviene reconocer. La reciente presentación de la paleta vegetal con enfoque de infraestructura verde con enfoque de infraestructura verde por parte del Ayuntamiento abre oportunidades importantes para dignificar el paisaje urbano y reducir la temperatura superficial, siempre que se implemente con visión de largo plazo. 

También es alentadora la instalación del primer bebedero público como parte del programa +Agua, si bien su impacto simbólico podría haberse potenciado con una puesta en marcha más centrada en lo comunitario que en lo decorativo. 

En paralelo, sigue siendo necesario repensar las respuestas convencionales que privilegian el concreto y la semaforización como soluciones urbanas únicas.

La pregunta que nos convoca es clara: ¿planeamos para construir más, o para sostener lo que ya nos sostiene?

El enfoque que promovemos no es una fórmula cerrada, sino un horizonte compartido. Reconocer que el suelo, el agua, la vegetación, la sombra, la regeneración, la agricultura y la vida interespecie forman parte de un mismo sistema. 

Y que planear con sentido requiere articular estos elementos a través de políticas públicas sensibles al territorio, que partan del conocimiento técnico, pero también de los saberes locales y comunitarios.

Y no llegamos aquí desde el vacío. Llevamos meses tejiendo caminos desde abajo, entre personas, saberes y sectores. 

Lo hemos hecho desde los talleres del LAB RIVA,  los encuentros mensuales multiactor del ciclo  RIVA INCIDE, hasta las voces que circulan en el podcast Habla la RIVA. 

Nuestra intención es posicionar a la Red de Infraestructura Verde y Azul (RIVA) no solo como una herramienta técnica, sino como una estrategia de gobernanza territorial viva y colaborativa. Una red que permite tejer soluciones desde lo hidrológico, lo ecológico y lo social, integrando esfuerzos públicos, comunitarios y académicos.

La próxima consulta del POEL representa un momento clave. No sólo como un ejercicio de participación formal, sino como una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo que ponga al centro la vida, la corresponsabilidad y la regeneración de nuestros ecosistemas.

No se trata de oponerse a todo, ni de idealizar el pasado. Se trata de construir futuros viables, desde una planeación que escuche el territorio en toda su complejidad. 

Porque el territorio no solo se habita: también se cuida y ese cuidado, para ser efectivo, debe ser compartido.